Cuatro meses juntos, treinta y dos años casados

Rosa Elena Miranda tenía diecinueve años cuando conoció a Armando Casillas en la sala de espera de la corte del condado de Hidalgo, en el sur de Texas. Ella había ido a acompañar a un primo que enfrentaba cargos por participar en una protesta de trabajadores agrícolas. Él estaba ahí por lo mismo. Se sentaron separados por tres sillas de plástico verde, con el aire acondicionado goteando sobre el linóleo, y no cruzaron palabra esa tarde. Pero durante las semanas siguientes, mientras los procesos judiciales se alargaban, empezaron a coincidir en los pasillos, en las bancas de afuera, en la cafetería de la esquina donde servían café aguado en vasos de unicel.

Armando tenía veintitrés años y ya cargaba una reputación. Hijo de jornaleros migrantes, había estudiado ingeniería civil en la Universidad de Texas gracias a una beca, hablaba inglés y español sin acento raro en ninguno, y podría haberse quedado en Austin diseñando puentes para alguna constructora grande. En cambio volvió al Valle. Organizaba comités de trabajadores, ayudaba a redactar quejas laborales, acompañaba a familias a enfrentar a los contratistas que les debían semanas de paga. Para el sheriff del condado y para ciertos rancheros con contactos en Austin, Armando Casillas era más peligroso que cualquiera que levantara la voz en una manifestación. Porque él sabía escribir, sabía leer un contrato, y sabía enseñarle a otros a hacer lo mismo.

Lo detuvieron por primera vez en 1978, acusado de incitar a un paro laboral. Pasó cuarenta y un días en la cárcel del condado. Ahí, en la capilla improvisada donde un sacerdote itinerante daba misa los domingos, volvió a ver a Rosa Elena. Ella visitaba a su primo. Él cantaba en el pequeño coro que se armaba con lo que hubiera: dos guitarras desafinadas y una pandereta prestada. No podían hablar más de unos minutos, vigilados, pero se buscaban con la mirada entre los bancos de madera astillada. Las cartas empezaron a viajar escondidas en la Biblia que el sacerdote llevaba de un lado a otro.

Se casaron el 12 de octubre de 1979, en la iglesia de Our Lady of Guadalupe en McAllen, con un vestido prestado y una recepción de tamales y arroz en el patio de la casa de la tía de Rosa Elena. Un vecino trajo su tocadiscos y pusieron cumbias hasta que se fue la luz por sobrecarga. Todos pensaron que ahí empezaba una vida entera juntos.

Duró cuatro meses.

En febrero de 1980, tras una redada que la policía local justificó como parte de una investigación por "actividades subversivas" —una etiqueta que en esos años se usaba con generosidad contra cualquiera que organizara trabajadores—, arrestaron a los dos el mismo día, en direcciones distintas de la ciudad. A Rosa Elena la llevaron a un centro de detención en Edinburg. A Armando lo trasladaron primero a Huntsville y después, cuando insistió en organizar a otros reclusos, empezó un peregrinaje de más de una década por distintas prisiones estatales: Beaumont, Amarillo, un tramo breve en una instalación federal en Louisiana.

Su hijo, Tomás, nació mientras Rosa Elena todavía cumplía condena. Armando se enteró del nacimiento tres semanas después, por una carta que tardó ese tiempo en llegarle hasta Amarillo, donde hacía un frío que él nunca había sentido en el Valle.

Por delante quedaban veintiocho años de encierro, entre condenas prolongadas, apelaciones negadas y traslados que parecían diseñados para que nunca se acomodara demasiado en ningún sitio. En cada prisión hacía lo mismo: organizaba grupos de lectura, enseñaba a otros reclusos a escribir sus propias apelaciones, daba clases improvisadas de historia mexicoamericana con libros que le mandaban por correo. Cada vez que las autoridades lo aislaban en confinamiento solitario, al salir se encontraba con que el grupo seguía reuniéndose sin él. Por eso, entre los presos, le decían "el maestro". Nunca dejó que nadie perdiera del todo la dignidad, ni siquiera en los peores módulos.

En 1985 lo condenaron a una pena adicional que, sumada a las anteriores, prácticamente garantizaba que moriría preso. No se quebró. Durante un motín en la prisión de Amarillo en 1987 —uno de los levantamientos más grandes que vivió el sistema penitenciario de Texas en esa década, por condiciones de hacinamiento y abuso—, fue Armando quien escribió, a mano, en papel de estraza, las palabras que los reclusos gritaron desde los techos: "No somos números, somos hombres." Esa frase terminó pintada en las paredes de al menos tres prisiones más, copiada por gente que nunca lo conoció en persona.

Rosa Elena, mientras tanto, entraba y salía de custodia, cumplía libertad condicional, volvía a ser detenida por reunirse con otros organizadores. Se escribían. Guardaban cada carta en cajas de zapatos que ella escondía debajo de la cama de su madre. Vivían de recuerdos y de la letra apretada de sobres que tardaban semanas.

El 4 de septiembre de 2007, Armando murió de un infarto en el patio de la unidad de Huntsville. Tenía cincuenta y seis años. Llevaba veintisiete de los últimos veintiocho encerrado. Lo más difícil de asimilar fue que, apenas seis meses antes, a Rosa Elena la habían trasladado —por una coincidencia administrativa que nadie supo explicarle— a un centro de reinserción a menos de quince millas de ahí. Pidió permiso para verlo por última vez. Se lo negaron, alegando protocolo de seguridad. Ni siquiera en ese último tramo el sistema quiso ceder un margen.

Los reclusos que estaban ese día en el patio contaron después que, cuando sacaron el cuerpo en camilla hacia la salida de vehículos, los hombres —blancos, negros, mexicanos, todos— se quitaron la gorra y se quedaron de pie, sin decir nada, hasta que la puerta metálica se cerró.

En 2019, después de años de trámites que llevó adelante Tomás junto con una organización de derechos civiles de Austin, lograron trasladar los restos de Armando al panteón de McAllen, cerca de la casa donde había crecido. Para entonces Rosa Elena ya había salido en libertad definitiva. Fue ella quien eligió la lápida doble, con espacio para su nombre al lado del de él, aunque todavía le faltaban años de vida por delante.

Ese mismo año, Tomás —que había estudiado leyes gracias en parte a las cartas que su padre le escribió desde la cárcel enseñándole a razonar un argumento— llevó a su madre a las oficinas del condado. En una carpeta de cartón, sin nada especial, cargaba el acta de defunción de Armando, el expediente completo de sus veintiocho años de reclusión y una solicitud formal de restitución de bienes y compensación por encarcelamiento. Habían pasado casi cuarenta años desde la redada de 1980, y en ese tiempo el rancho de tres acres que la familia de Armando había dejado en garantía para pagar abogados terminó embargado y vendido por el condado en un remate del que nadie les avisó.

Rosa Elena no lloró en la oficina. Firmó cada página donde Tomás le indicó, con la misma letra clara con la que había firmado las cartas que Armando guardó durante casi tres décadas. El empleado del condado, un hombre que no tenía ni idea de quiénes eran, selló los documentos y les dijo que el trámite podía tardar entre seis y ocho meses.

Salieron a la calle. Hacía ese calor pegajoso de agosto en el Valle, con las chicharras cantando en los álamos de la plaza y el olor a elote asado de un carrito en la esquina. Tomás le ofreció el brazo. Rosa Elena caminó hasta el auto sin apoyarse en él, con la carpeta apretada contra el pecho, y antes de subir se detuvo un momento a mirar el edificio del condado, gris y cuadrado, donde por tanto tiempo se habían decidido cosas sin que nadie les preguntara nada.